Una comunidad de propietarios prohíbe a una joven con síndrome de Down bañarse en la piscina y utilizar el ascensor sola

Tras la denuncia pública de DOWN ESPAÑA y la enorme repercusión en medios de comunicación, la comunidad ha rectificado y ha eliminado los artículos discriminatorios de la propuesta de modificación de estatutos. 

El pasado 19 de noviembre, DOWN ESPAÑA dio a conocer un caso de discriminación a una joven de 16 años con síndrome de Down en una comunidad de propietarios de Boadilla del Monte. Los hechos tuvieron lugar los pasados meses de agosto y octubre cuando el presidente de dicha comunidad comunicó a los padres de Blanca R.S que no podría bañarse más en la piscina sin estar acompañada de un mayor de edad. La Federación hizo público el caso por considerarlo inadmisible y discriminatorio.

En noviembre, la comunidad pretendía aprobar unos estatutos que regularan que Blanca tampoco podrá hacer uso del ascensor sola. Ni a ella, ni ninguna persona con discapacidad de cualquier edad. A no ser que sus padres manifestaran por escrito que estaba capacitada para hacerlo. Una discriminación que ni los padres ni la propia joven estaban dispuestos a permitir. Es por ello que se dirigieron al administrador de la finca y al presidente de la comunidad en varias ocasiones, solicitándoles que cambiaran esa normativa interna, algo a lo que respondieron enviando a los vecinos un correo con la propuesta de unos estatutos en los que quedaba reflejada esa discriminación.

En concreto el texto incluía en su artículo 12 que “los niños menores de 10 años y los discapacitados no podrán utilizar el servicio de ascensor ni piscina excepto si van con acompañante mayor de edad; excepto en aquellos casos de personas discapacitadas que, siendo mayores de 10 años, sus padres o tutores manifiesten por escrito que están capacitados para el uso de los mismos sin necesidad de ayuda”.

Los hechos

Blanca, su hermano Gonzalo y sus padres, María Isabel y Sergio, residen en la comunidad desde hace 18 años y hasta hace poco su convivencia era tranquila. Hasta que el pasado mes de agosto, fueron avisados por el presidente de dicha comunidad de que Blanca no podría volver a bañarse sola en la piscina ni coger el ascensor sin acompañante. La familia, muy sorprendida, no entendió las razones por las que la discapacidad de Blanca le impedía hacer uso de los recursos comunitarios cuando al resto de jóvenes de su edad no se les aplicaban esas mismas indicaciones. El administrador de la comunidad situó entonces un cartel informativo en la valla de acceso a la piscina en el que se indicaba que, de no estar (las personas con alguna discapacidad) acompañados por un mayor de edad, “el socorrista les solicitará que abandonen el recinto de la piscina y si no llamará a un miembro de la junta para que actúe en consecuencia”.

Ante la incredulidad de los padres, porque según cuentan, “Blanca es muy autónoma, sabe nadar perfectamente y baja sola a la piscina cuando quiere”, la familia solicitó al presidente de la comunidad una explicación. Éste les dijo que la indicación respondía a una normativa municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hecho este que la familia afirma que el consistorio ha desmentido categóricamente e incluso explica que “desde el ayuntamiento se han puesto en contacto nosotros para darnos apoyo”.

Lo que dice la ley

Los estatutos que pretendía aprobar la comunidad de propietarios vulneran los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Gobierno de España el 3 de mayo de 2008. Ésta recoge que se tendrán que “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”. Asimismo, en su artículo 5 de igualdad de oportunidades y no discriminación, estipula que “los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo”.

Por otro lado, el artículo 14 de nuestra Constitución recoge que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

En esa línea se expresó el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que mostró su sorpresa ante este hecho por considerarlo “claramente discriminatorio” y que “se califica jurídicamente como nulo de pleno derecho por cuanto atenta contra derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.

Para el CERMI, la actitud de esta Comunidad de Propietarios, evidenciaba la ignorancia culpable de muchas instancias sociales, públicas o privadas, que discriminan y excluyen a las personas con discapacidad, castigándolas solo por ser diferentes. La toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y sobre su imperatividad es todavía un clamoroso déficit de nuestra sociedad, que hay que atajar con la pedagogía y también con la denuncia, como hace DOWN ESPAÑA. El CERMI anunció que iba a reclarmar a la Comunidad de Madrid la aplicación del régimen de infracciones y sanciones a esta Comunidad de Propietarios, por discriminación hacia las personas con discapacidad.

Las reacciones

El caso de Blanca indignó a todo el colectivo de familias y personas con síndrome de Down que se volcó con la familia de Blanca y mostraron su apoyo a través las redes sociales. Además, un grupo de vecinos de Boadilla del Monte organizaron una concentración espontánea frente a la comunidad de vecinos para mostrar su indignación. Durante la concentración, a la que fue invitado el director gerente de DOWN ESPAÑA, se leyeron varios artículos de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.

Los medios de comunicación también se volcaron con la familia y ofrecieron una amplísima cobertura del caso. Blanca y su familia fueron entrevistados por los medios de comunicación tanto nacionales como regionales más importantes de España y aparecieron en los informativos de todas las cadenas nacionales. 

A raíz de esta denuncia y su repercusión, la comunidad de propietarios rectificó y decidió desechar la propuesta de modificación de los estatutos, eliminando los artículos discriminatorios hacia las personas con discapacidad.

Otros casos de discriminación

En los últimos años, DOWN ESPAÑA ha denunciado varios casos de discriminación a personas con síndrome de Down. 

En abril de 2017, respaldaba una denuncia presentada por DOWN LLEIDA ante la Fiscalía al pub 'Fissure' por denegar la entrada a un grupo de 14 jóvenes con síndrome de Down. Los responsables del pub alegaban que la decisión de no permitir la entrada al grupo era una “decisión empresarial”, ya que otros clientes se marchaban al ver al grupo de personas con síndrome de Down, con lo que perdían facturación.

Semanas más tarde, la Federación alzaba la voz ante un nuevo caso de discriminación. En esta ocasión era en la localidad de Vinaroz (Castellón), donde un hotel cancelaba unilateralmente la reserva que había realizado un grupo de jóvenes con síndrome de Down. Cuando los jóvenes intentaron hacer el check-in el 13 de abril, se les comunicó que no había reserva alguna a su nombre y que no había habitaciones disponibles.

A principios de este año, DOWN ESPAÑA conocía el caso de una mujer de 49 años con síndrome de Down que echaron de una charla a la que acudía junto a sus hermanas en Motilla del Palancar (Cuenca). Según testigos, los organizadores alegaron que podía "interrumpir y molestar al resto de asistentes". 

 


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