27-06-2014

"Están negando un derecho básico a un niño con síndrome de Down"

DOWN ESPAÑA y CERMI consideran que en el caso de Rubén se produce una regresión en educación inclusiva y una "aberración moral y jurídica".

El Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo que solicitó la familia de Rubén, el niño con síndrome de Down al que no dejan estudiar en un colegio inclusivo, y la Fiscalía imputa a los padres un delito de abandono familiar.

Por ello, DOWN ESPAÑA considera que la negación de educación inclusiva para Rubén, un niño con síndrome de Down, es un claro ejemplo de regresión en materia de inclusión educativa y una prueba evidente de la vulneración que sigue existiendo en materia de derechos fundamentales para las personas con discapacidad en España.

Por otro lado, que la Fiscalía impute a los padres un delito de abandono familiar por negarse a que su hijo sea escolarizado en un centro de educación especial y por defender el derecho de su hijo con síndrome de Down a una educación inclusiva, es para la organización algo absolutamente inaceptable. DOWN ESPAÑA considera que nuestro país no está respetando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ratificó en 2008 y que reconoce en su artículo 24 que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos.

La organización, que representa y defiende los derechos de las 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España, considera en palabras de su Presidente, José Fabián Cámara, que en el caso de Rubén “se está cometiendo una grave injusticia”. “En nuestro país se está negando un derecho fundamental a un niño con síndrome de Down y DOWN ESPAÑA luchará hasta el final para que la igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down sea una realidad”, manifiesta.

Cámara advierte que “este asunto trasciende al caso concreto pues se trata de una lucha por la defensa de un derecho fundamental de un niño con síndrome de Down y por eso es de vital importancia para nosotros”. “Detrás de Rubén estamos muchísimas familias que nos vemos reflejadas en esta situación y que lucharemos para que nuestros hijos tengan los mismos derechos que los demás niños”, explica.

El caso de Rubén, un niño con síndrome de Down que lucha por volver al colegio

Alejandro Calleja, padre del menor, lleva tres años tratando de que su hijo pueda acudir a un colegio inclusivo. Rubén había acudido desde pequeño a un colegio con niños sin discapacidad y estaba muy integrado. Hasta que en el año 2009 el niño empezó a tener los primeros problemas pues su profesor tutor no le aceptaba en clase. Fue entonces cuando a instancias de ese mismo profesor, se solicitó un informe que determinó que el niño debería acudir a un centro de educación especial. Tanto la familia como el psicólogo Miguel Ángel Castañón, que atiende a Rubén desde su nacimiento, cuestionan estos informes técnicos.

Al final la Delegación Territorial de Educación de León decidió, sin consultar a los padres, derivar a Rubén a un Centro de Educación Especial. Éstos se negaron al considerar “que en ese centro nuestro hijo iba a sufrir una regresión importante. Por eso Rubén lleva tres años aprendiendo en casa, porque no nos han dado otra solución y porque queremos luchar por el derecho de nuestro hijo a estudiar en inclusión”, explica su padre.

Diversos medios de comunicación se han hecho eco del caso de Rubén, como el periódico Magisterio, o los informativos de Cuatro (minuto 16:11) o La Sexta, que se reproduce a continuación:

DOWN ESPAÑA lamenta la incomprensión del sistema judicial a las razones por las que la familia se ha negado a llevar a su hijo al sistema de educación especial que le impone la administración. En las raíces de este caso, ha existido una falta de análisis de las razones de desatención educativa que fueron el origen de este conflicto. Además se evidencia una enorme frialdad de un sistema jurídico que contrapone la vigencia de un sistema educativo tradicional, frente a un sistema educativo consensuado, inclusivo y participativo.

DOWN ESPAÑA recuerda que en el preámbulo de nuestra reciente Ley de Educación-LOMCE se reconoce que: “Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades”. Además se cita que “las familias son las primeras responsables de la educación  de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”.

Un largo proceso judicial que acaba en Estrasburgo

La familia planteó batalla primero de palabra y luego por escrito ante la administración educativa y ante la jurisdicción contenciosa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite en su sentencia que efectivamente, la situación en el centro no fue la adecuada a las necesidades del menor y que faltó colaboración de parte del profesorado.

Hace poco se conocía la noticia que de que el Tribunal Constitucional ha cerrado las puertas al caso, no admitiendo a trámite el recurso de los padres de Rubén, que pedían que se garantizase el derecho de su hijo a la educación inclusiva apelando a los artículos 27 y 14 de la Constitución Española así como a la citada Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad.

El Alto Tribunal era el penúltimo peldaño en una larga lucha judicial que comenzó en León en el año 2011 y que en estos momentos se prepara para librar su última batalla en la máxima autoridad judicial para la garantía de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en Europa, el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

A esta Corte Europea, se llevan casos en los que se hayan agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en un Estado. En este caso, los padres de Rubén presentarán una denuncia contra el Reino de España por violación de derechos fundamentales.

Reacción del CERMI

Por su parte, El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha pronunciado respecto a este caso, dirigiendo al titular de la jefatura de la Fiscalía provincial de León y al Fiscal General del Estado instando al Ministerio Público a que renuncie a ejercer la acción penal contra los progenitores de Rubén, un alumno con discapacidad intelectual residente en León, cuya familia se niega a que sea escolarizado en un centro de educación especial, como ordena la administración educativa.

A raíz de esta negativa, basada en el derecho humano a la educación inclusiva reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente aplicable en nuestro país, los progenitores se han visto encausados en un proceso criminal por un delito de abandono familiar, y se enfrentan a una condena penal, si la acusación prospera.

Para el CERMI, es una aberración moral y jurídica que una persona o una familia tengan que enfrentarse a un juicio penal por desear ejercer el derecho a la educación inclusiva que le otorga la legislación internacional en materia de derechos humanos, y que las administraciones educativas tendrían que garantizar plenamente, y no obstaculizar con interpretaciones y prácticas contrarias a los derechos de las personas con discapacidad.   

En atención a todas estas razones, el CERMI, como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige del Ministerio Fiscal que desista de la acción penal contra la familia leonesa y se sobresean de inmediato las actuaciones judiciales en curso.

El CERMI ha presentado queja contra España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas por mantener una legislación que no asegura la educación inclusiva de las personas con discapacidad, normativa nacional en clara contradicción con el tratado internacional de derechos de la discapacidad.

El CERMI ha venido denunciado política y jurídicamente que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada recientemente, no ha adaptado la legislación española a los mandatos, principios y valores de la Convención de Naciones Unidas de 2006, lo que hace que España esté en situación de incumplimiento palmario de obligaciones internacionales.

 

Rubén, junto a su padre, Alejandro, y una profesora que acude a su domicilio para darle clases.

Rubén, junto a su padre, Alejandro, y una profesora que acude a su domicilio para darle clases.


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